Uso de drogas y políticas de deportación en los Estados Unidos.

La socióloga Sarah Tosh, del City University of New York, firmaba en 2021 el artículo “Drug prohibition and the criminalization of immigrants: The compounding of drug war disparities in the United States deportation regime”. En esta investigación la autora conectó de forma clara y contundente dos pilares del castigo institucional en Estados Unidos: la política de drogas y el régimen de deportaciones. A través de un año de observación en tribunales de inmigración de Nueva York y gracias a entrevistas a profesionales del derecho, Tosh demostró cómo la “crimmigration” —engranaje que entrelaza lo penal con lo migratorio—opera como una maquinaria de exclusión racial, incluso en un contexto que presumía un giro hacia políticas de drogas más humanitarias.

Mientras se despenalizaba el cannabis en varios estados y se hablaba de la adicción como una cuestión de salud pública, Tosh advertía la detención de miles de personas migrantes —particularmente negras y latinas—, además de su expulsión del país por delitos menores relacionados con drogas. La autora documentó casos de deportación por “compartir un porro entre amigas/os o por posesión simple”. La categoría de “delito grave” se ha aplicado con rigidez, sin tener en cuenta las circunstancias o el contexto. Lo más grave, según relata la socióloga, es que en muchas ocasiones, quienes han enfrentado estas expulsiones no contaban con acceso a una defensa legal. Todo ello redunda en una doble penalización que no responde a una lógica de justicia, sino de exclusión sistémica.

En un análisis más profundo, que se hace eco de las diferentes aristas de este sistema de discriminación, Tosh denuncia cómo la misma Guerra contra las Drogas impulsada por los Estados Unidos en América Latina y el Caribe ha contribuido a la violencia, el empobrecimiento y el desplazamiento forzado de miles de personas. Quienes huyen de ese contexto son después criminalizades al cruzar la frontera. En algunos casos, se trata de personas que han sido forzadas a transportar drogas como única vía de supervivencia o de pago a redes de tráfico. Pese a ellos, el sistema migratorio no ofrece comprensión ni reparación: solo castigo.

La conclusión de Tosh es contundente. Las leyes sobre drogas permanecen inservibles mientras persiste el aparato migratorio que reproduce desigualdades raciales y castiga la pobreza, el trauma y la diferencia. La llamada “guerra contra las drogas se ha desplazado a los tribunales de inmigración, donde continúa sancionando de forma virulenta a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Urge una reforma integral que ponga en el centro los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de todas las personas, sin excepciones.