Un servicio integrado para personas migrantes con consumo de drogas en Europa

Una reciente publicación (2024) en la revista Harm Reduction Journal, firmada por un equipo internacional e interdisciplinar encabezado por Lena van Selm, Trenton M. White, Camila A. Picchio, entre otras/os, con la participación de investigadoras/es de España, Países Bajos, Bélgica, Noruega y Estados Unidos, lanza un contundente llamado a la acción: urge repensar los servicios de atención sanitaria y social destinados a las personas migrantes que consumen drogas en Europa. El artículo, que cuenta con la participación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), destaca cómo la falta de datos y el desconocimiento de esta realidad está dejando fuera del sistema a una población cada vez más expuesta a la precariedad, la estigmatización y la exclusión.

Lejos de tratarse de un fenómeno marginal, el consumo problemático de sustancias entre personas migrantes —aunque no más elevado que en la población general— se ve agravado por factores estructurales como el desarraigo, el racismo, la pobreza o los traumas vinculados al proceso migratorio. La guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y los desplazamientos forzados están multiplicando los riesgos y, sin embargo, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. Las barreras legales, lingüísticas y culturales dificultan el acceso a servicios esenciales como los programas de reducción de daños.

El equipo investigador subraya que no se trata solo de una cuestión sanitaria, sino también de derechos humanos. El acceso a servicios como el intercambio de jeringuillas, la terapia de sustitución de opiáceos o el diagnóstico y tratamiento del VIH y la hepatitis debe garantizarse de forma equitativa, sin importar el estatus migratorio. Expertas/os y organizaciones de la sociedad civil implicadas en el proyecto europeo SEMID-EU – que mencionamos con anterioridad en este blog- reclaman eliminar los obstáculos institucionales y mejorar la calidad de los datos, al tiempo que llaman a involucrar activamente a las personas migrantes en el diseño de políticas y servicios que las afectan.

La propuesta no es menor: se plantea la creación de servicios integrados, holísticos y culturalmente sensibles que no se limiten al tratamiento del consumo, sino que aborden de manera transversal las necesidades habitacionales, legales, sanitarias y sociales de estas personas. Porque la exclusión no es un destino inevitable, y la participación de las propias personas migrantes que consumen drogas en la elaboración de soluciones podría ser la clave para construir políticas más humanas, eficaces y justas.

Bibliografía y documentos de interés

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