Percepción frente a los recursos especializados y la atención recibida a personas migrantes con adicciones

Opinión: Maider Moreno García

En el “Estudio para la mejora de la atención de las personas con problemas de adicciones de origen migrante desde una perspectiva de género” que venimos desarrollando a lo largo de este 2025, uno de los apartados se centra en el análisis y difusión las necesidades de las personas que migran y padecen adicciones a sustancias, recogiendo sus experiencias y percepciones.

Los testimonios que hablan sobre los recursos sociales y el “acompañamiento” son diversos y nos informan sobre aspectos generales que las personas profesionales también enuncian en sus entrevistas como la falta de recursos, la precariedad e incluso insalubridad de algunos de estos (especialmente en alojamientos para migrantes o demandantes de protección internacional) y la vigilancia o control al que se somete a quienes están en estos espacios.

Varios testimonios recogidos describen largos procedimientos de violencia burocrática, en los derechos siempre van después de los trámites. Unos trámites que parecen ser diseñados para caer en una trampa. Asimismo, bajo el amparo de los protocolos y las derivaciones, las personas entrevistadas se han sentido muchas veces deshumanizadas y desatendidas. Los relatos inciden en un trato que va desde la infatilización al racismo, tal y como vemos en los siguientes testimonios:

“[…] te recogían a las siete de la noche, cuando todavía estaba de día, era como llevar los niños al colegio. Llegabas allá, peleaste con el que se te quiere colar, que está borracho y bueno, a hacer una cola para entrar al autobús, para bajarte del autobús, para entrar al recinto. Cuando entras al recinto, la cola para guardar las cosas en la bolsa. Tienes que esperar y soportar la pestilencia habiendo duchas, aunque el agua no está caliente, la comida son verduras que las congelaron con agua y con agua las medio descongelaron y así te las sirvieron. Son 16 personas durmiendo en una habitación…”. (Carlos, Venezuela, 48 años, 20/3/2025, Madrid).

“Ese sitio no me gusta nada, no me gusta nada [recurso religioso]. Ahí siento la mirada discriminante de las trabajadoras sociales. Eso nunca antes lo había sentido. Cuando nos servían la comida, si alguna compañera decía ‘uy se acabaron los tomates’ o algún comentario, nos decían ‘ah bueno ¿pero en tu país qué comías? ¡hay que ser más agradecida!, porque seguro que en tu país este servicio no existe, así que tienes que estar agradecida. O me recriminaban que llevaba en España 8 años y no había sacado la documentación, me decían que había sido un poco vaga y yo les decía que había tenido otros problemas.” (Alejandra, 32 años, Colombia, 12/5/2025, Barcelona).

Ambos fragmentos describen un régimen asistencial que opera como dispositivo disciplinario y moralizante. La organización del tiempo (“te recogían a las siete… como llevar los niños al colegio”), las colas y los controles encadenados producen una infantilización de las personas usuarias: se presupone incapacidad de autogobierno y se impone una tutela que borra la agencia o capacidad de acción de las personas. Con facilidad podemos hacer el paralelismo con la lógica de las instituciones totales: concentración de cuerpos, regulación minuciosa de rutinas y homogeneización de necesidades, con efectos de mortificación del yo (Goffman, 1961). La precariedad material -comida descongelada con agua, duchas frías, dieciséis personas por habitación- se combina con un discurso que naturaliza el malestar como precio de la ayuda, deslizándose hacia una economía moral de la gratitud que transforma derechos en concesiones revocables (Bauman, 2004). La mirada que controla y corrige no sólo administra recursos: clasifica a las personas. En términos de etiquetamiento, se fija a las personas migrantes la identidad de “beneficiarias/os problemáticas/os”, legitimando sanciones simbólicas y prácticas de trato degradante (Becker, 1963).

En el segundo extracto, esa clasificación se racializa y feminiza. La interpelación “¿en tu país qué comías?… sé más agradecida” despliega violencia simbólica como un recordatorio de inferioridad que exige deferencia. La acusación de “vaga” por no haber “sacado la documentación” individualiza un bloqueo estructural -citas imposibles, opacidad de los trámites- y refuerza los binomios “buena usuaria obediente / mala usuaria que protesta”; “migrante deseada / migrante indeseada” o incluso “buen pobre / mal pobre”. Esa gramática del merecimiento desplaza la responsabilidad a la persona, omitiendo las fallas y problemas estructurales, cualquier gesto de queja confirma el estereotipo (Becker, 1963). Lo que aparece como ayuda deviene jaula de hierro afectiva y administrativa: se exige gratitud, disciplina y silencio a cambio de alojamiento y manutención, mientras el racismo cotidiano marca jerarquías de valor y ciudadanía (Weber, 1978; Bauman, 2004). Para quienes no dominan el idioma o cargan con violencias previas -especialmente las mujeres y/o población LGTBIQ+-, la asimetría se multiplica e intersecciona, la promesa de inserción se sustituye por contención, y el acompañamiento por gestión, con el resultado de una inclusión diferencial que humilla a la vez que asiste. Como resultado de todo lo anterior las personas abandonan los procesos e itinerarios supuestamente de recuperación. Muchas veces por cuestiones ligadas a las propias normas que los rigen.

Bibliografía

Bauman, Z. (2004). Wasted Lives: Modernity and its Outcasts. Polity.

Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Free Press.

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Anchor Books.

Weber, M. (1978). Economy and Society (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.