La política de drogas intercede en el medio ambiente, también en España

Hace unos días, el periódico El Correo de Andalucía, se hacía eco de una noticia cuyo titular rezaba lo siguiente: «Cortan dos hectáreas de pino en Málaga para plantar marihuana».

Para más inri, esta deforestación se había producido en el paraje natural de la Sierra Almijara de la localidad de Nerja (Málaga), un entorno protegido.

¿Por qué estamos diciendo entonces que es la política de drogas la que intercede en el medioambiente y no los narcotraficantes que han deforestado?

Las acciones que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad forman parte de las estrategias de reducción de la oferta, es decir, atacan frontalmente a quienes ofertan sustancias ilegales, los famosos narcotraficantes. Sin embargo, si tenemos en cuenta que, según otra noticia de Radio Televisión Española, en 2022, más de tres millones de personas consumían cannabis habitualmente en España, parece difícil, por no decir utópico, imaginar una ausencia de oferta ante tanta demanda.

Lo que parece más probable, es que siempre vaya a haber alguien que encuentre la forma de abastecer este consumo, pero al ser un mercado ilícito y opaco, para las autoridades es difícil averiguar dónde se va a instalar el punto que genere el producto demandado. Esto implica ir siempre un paso por detrás, llegar cuando ya se han deforestado dos hectáreas, cuando se han desviado recursos hidráulicos…

Las políticas de intervención sobre la oferta, exclusivamente punitivas, tienen como resultado la imposibilidad de controlar qué se está haciendo para abastecer la demanda. El objetivo que persiguen es ambicioso: disuadir a las personas de ofertar sustancias ilegales bajo la amenaza del castigo, pero se enfrentan con una demanda de, en el caso del cannabis, 3 millones de personas dispuestas a pagar por esas drogas ilícitas.

Por lo que, en una época de crisis medioambiental, puede ser interesante plantearse otra forma de hacer políticas, que pase por la intervención y el control sanitario de los poderes públicos, con capacidad para organizar los territorios de cultivo y el acceso a las sustancias.

Marta Escolano Vega