Gestación y consumo de drogas. Gestión punitivista contra las mujeres pobres y racializadas
Opinión: Maider Moreno García
Uno de los mayores tabús a la hora de analizar el uso de sustancias es el consumo por parte de las mujeres; no será hasta 1980 que se desarrollen investigaciones y exista información cualitativa sobre las mujeres y su uso de drogas. Cuando sí han sido consideradas, las mujeres que consumen drogas han sido calificadas como ‘más inmorales’, ‘patológicas’ y ‘criminales’ que los hombres (Boyd, 2004a). En este sentido, “la justicia penal, la política de drogas y la represión convergen y legitiman el uso de la fuerza y la violencia contra las personas y aumentan las penas aplicadas a las mujeres, especialmente cuando son sospechosas de consumo de drogas” (Boyd, 2004b, p.155). Este escenario ha resultado en una invisibilización de las mujeres consumidoras que va en detrimento de su acceso a los tratamientos.
Víctimas de un mayor estigma, las mujeres con consumos problemáticos de ciertas sustancias legales -como las benzodiacepinas o el alcohol- o ilegales -como la cocaína- son menos proclives a demandar ayuda. Esta situación se convierte extremadamente compleja si hablamos de mujeres que se encuentran en procesos de gestación, lo que se interrelaciona con las lógicas punitivistas a las que están sometidas. Según la académica y politóloga Susan Boyd: “Cuando se les acusa de consumo de drogas, se les acusa doblemente: por la ley, pero también por no respetar las normas morales relativas a la sexualidad, el embarazo, el parto y la maternidad. Además, no todas reciben el mismo trato: las mujeres pobres o de color son percibidas como más desviadas que las demás” (Boyd, 2004b, p.155).
En este sentido, los Estados Unidos representan un ejemplo del desarrollo de medidas represivas contra mujeres identificadas como toxicómanas durante la gestación, con penas de privación de libertad de hasta 20 años. Como se venía mencionando, varios estudios demuestran que estos procesos se dirigen principalmente a mujeres de minorías étnicas y clases socioeconómicas desfavorecidas (Rutman et al., 2000), lo que no resulta -lamentablemente- una sorpresa para nadie, en un mundo en el que la misoginia, el racismo y el clasismo atraviesan al sector judicial y sus operadores.
A partir de la década de los 80, se establece una unión entre la guerra antidroga y la lucha contra el aborto en una lógica de la tensión maternidad/estado, en la que se considera a la mujer como un peligro para el feto, llegando a considerar el útero como un nuevo campo de batalla para la lucha antidrogas. Varias autoras resumen esta idea con la siguiente afirmación: “la lucha contra la droga es también una lucha contra las mujeres” (Boyd, 2004b, p.161).
Expertas/os en la materia han denunciado los efectos nocivos que tienen para las mujeres las políticas públicas y las representaciones mediáticas y académicas que difunden imágenes negativas de “madres indignas” y “bebés con síndrome de abstinencia” que preconizan enfoques punitivos. Frente a este imaginario, una parte del trabajo académico se ha centrado en denunciar las estructuras sociales opresivas para las mujeres drogodependientes y en cuestionar los estereotipos que se difunden. Boyd (2004a) ofrece un análisis en esta línea, vinculando los fenómenos del consumo de drogas y su tratamiento (médico, penal, social, moral) con las relaciones de poder ligadas a la etnia, la clase social y el género. La misma autora realiza una genealogía del cruce entre mujeres y consumo de drogas concluyendo que: “el vínculo entre las leyes sobre drogas y el control de la moralidad, la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres es histórico. Los mitos sobre las madres ‘indignas’ y los peligros que suponen para sus hijos, así como los mitos sobre la peligrosidad de determinadas sustancias y de las personas que las consumen, han alimentado tanto la política de drogas como la normativa sobre las mujeres embarazadas” (Boyd, 2004b, p.162). Este pánico sobre el consumo de drogas ha servido también para desviar la atención del primer factor de riesgo durante el embarazo: la pobreza.
En la misma línea otros estudios (Colten, 1980; Murphy & Rosenbaum, 1999; Hepburn, 1993) han señalado la capacidad de maternar de mujeres que consumen drogas. Estos han puntualizado que cuando la intervención social se deshace de los prejuicios hacia ellas, los resultados son muy positivos. Los mismos indican que existe un riesgo inherente al consumo durante la gestación, pero este puede ser gestionado.
En conclusión, la prohibición de las drogas y la persecución de consumidoras/es supone un fracaso que contribuye a la marginación de los más pobres, perpetúa la opresión racial y la desigualdad de género y de clase. Es hora de un cambio radical en la política de drogas que históricamente “fueron utilizadas por los países occidentales para criminalizar las actividades de los pueblos colonizados, y hoy se utilizan para marginar a grupos sociales y como instrumento para limitar los derechos y la autonomía de las mujeres” (Boyd, 2004, p.169).
Bibliografía:
Boyd S., 2004a. From witches to wrack norms : women, drug law and policy, Carolina Academic Press.
Boyd S., 2004b. « Survol des lois et des conflits mères/État aux États-Unis et au Canada », Psychotropes, 10, 3‑4, 153‑172.
Colten M., 1980. « A comparison of heroin-addicted and non-addicted mothers : Their attitudes, beliefs, and parenting experiences » – In Heroin-addicted parents and their children, Washington, US Department of Health and Human Services, NIDA research report : 1-18.
Hepburn M., 1993. «Providing care for pregnant women who use drugs : The Glasgow Women’s reproductive health service » – In Klee H, M Jackson M, Lewis S : Drug misuse and motherhood : 250-260, London, Routledge.
Murphy S. & Rosenbaum M., 1999. Pregnant women on drugs : Combating stereotypes and stigma – New Brunswick, Rutgers University Press
Rutman D., Callahan M., Jackson S., Field B., 2000. Substance use and pregnancy : conceiving women in the policy-making process, Ottawa, Status of women Canada.


