Drogas, migración y desigualdad: cuando el acceso a la atención no es un derecho para todas/os

En la Unión Europea, miles de personas migrantes que usan drogas siguen sin poder acceder a servicios básicos de atención y reducción de daños. Así lo revela un reciente artículo colectivo “Drug use and access to drug dependency services for vulnerable migrants who use drugs in the European Union”, publicado en el International Journal of Drug Policy en 2023. El texto recoge el consenso de 32 expertas/os de la sociedad civil —incluyendo activistas, profesionales de la salud, personas con experiencia vivida y trabajadoras/es comunitarias/os— procedentes de 14 países europeos. Su diagnóstico es claro: el acceso desigual a servicios de tratamiento y apoyo sigue dejando fuera, de forma sistemática, a las personas migrantes más vulnerabilizadas.

Entre los principales obstáculos identificados destacan: el miedo a la detención o deportación, el desconocimiento de derechos, la ausencia de permisos de residencia estables, la exclusión de los sistemas públicos de salud, la falta de servicios cultural y lingüísticamente adaptados, y una extendida desconfianza hacia las instituciones sanitarias. Todo ello se ve agravado cuando se intersecciona con otras violencias estructurales, como el racismo, la pobreza o el estigma hacia las mujeres que consumen, las personas trans o quienes ejercen el trabajo sexual.

A partir de estos hallazgos, el grupo elaboró 24 recomendaciones clave, dirigidas tanto a responsables de políticas públicas como a profesionales sanitarios. Algunas de las más urgentes incluyen: garantizar el acceso a servicios de atención y tratamiento independientemente del estatus migratorio; eliminar cualquier vinculación entre servicios de salud y autoridades migratorias; adaptar los programas a contextos multiculturales; incorporar intérpretes; reforzar la formación del personal en derechos humanos y enfoques antirracistas; y crear espacios seguros en los que las personas puedan acceder a atención sin temor a represalias. También se reclama una mayor financiación pública para las organizaciones comunitarias que, en la práctica, son las que sostienen el acceso real a derechos.

El artículo no solo ofrece un análisis técnico: es un posicionamiento político. Parte de reconocer que las políticas de drogas y de migración, tal como están planteadas en muchos Estados europeos, actúan de forma excluyente, punitiva y discriminatoria. Y recuerda que garantizar el acceso a servicios de salud y tratamiento no es un gesto asistencial, sino una obligación legal y ética. Porque nadie debería quedar fuera del derecho a recibir atención por el hecho de haber cruzado una frontera.