Ámsterdam, Atenas, Berlín y París: experiencias de migración, consumo de drogas, asistencia sanitaria y apoyo
Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud, ello queda establecido en diferentes tratados de las Naciones Unidas y en la legislación europea, este es un derecho universal que no debería depender de una condición (jurídica) particular. Tal y como se establece en la legislación sobre derechos humanos, la vivienda y el acceso a los servicios son condiciones fundamentales para la salud. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, las instalaciones, los servicios y los productos sanitarios deben estar disponibles en cantidades adecuadas y ser accesibles (en términos de información y acceso físico), asequibles para todas/os, sensibles a las diferencias culturales (de conformidad con la ética médica y las consideraciones de género y culturales) y de alta calidad. La discriminación basada en cualquier condición debe estar estrictamente prohibida.
Sin embargo, un reciente estudio liderado por Aline Pouille y Wouter Vanderplasschen, denominado “Más allá de las fronteras: experiencias de migración, consumo de drogas, asistencia sanitaria y apoyo”, en las ciudades de Ámsterdam, Atenas, Berlín y París, demostró que, a pesar de estas disposiciones aceptadas y aplicables a nivel mundial, las personas que consumen drogas y alcohol se enfrentan a muchos retos a la hora de acceder a los derechos sanitarios en Europa. Si bien las necesidades básicas, como la alimentación y la atención sanitaria de urgencia, suelen satisfacerse gracias a la normativa accesible y a los servicios disponibles, la vivienda parece ser un reto importante para estas personas. Además, la falta de seguro médico, así como la confusión y las interpretaciones individuales de las políticas sobre lo que comprende la “atención sanitaria de urgencia”, dificultan el acceso a la atención de salud mental, los servicios de tratamiento por consumo de sustancias y otros servicios de atención sanitaria. Además, el informe identifica varios retos relacionados con los recursos financieros, la red social, el trabajo y el apoyo social. Estos retos son el resultado de una interacción entre procesos a nivel micro (individuales y profesionales), meso (comunidades y servicios) y macro (contexto sociopolítico, sistemas de salud y políticas más amplias).
El informe concluye que, si bien muchas de las necesidades de apoyo de las personas migrantes que consumen drogas siguen sin atenderse, también hay múltiples necesidades de apoyo que se satisfacen gracias a los servicios de reducción de daños y otros servicios de apoyo. Estos servicios tienen por objeto ofrecer un apoyo de fácil acceso, integrado y holístico, de manera sensible a las diferencias culturales y lingüísticas. La continuidad y la colaboración entre los servicios y la inclusión de las/os trabajadoras/es comunitarias/os se vislumbrar como esenciales para paliar las dificultades señaladas. Se necesitan recursos para estos servicios a fin de que puedan abordar los derechos de las personas migrantes consumidoras de drogas, así como para establecer un marco normativo sostenible.


