Adicciones y discapacidad intelectual: dejemos de mirar solo los déficits para empezar a ver los riesgos reales

Artículo de opinión: Beatriz Poza

Cuando hablamos de adicciones, pocas veces se tiene en cuenta a las personas con discapacidad intelectual (DI). La invisibilidad de esta población en el discurso público sobre el consumo de sustancias y comportamientos adictivos no es casual: responde a una mirada aún dominante que se enfoca únicamente en los déficits, en lo que “no pueden” hacer, en lugar de reconocer sus capacidades, derechos y realidades.

Esta visión limitada tiene consecuencias graves. Al no considerar que las personas con DI también están expuestas a factores de riesgo —como el acceso sin filtros a sustancias, la necesidad de pertenencia, el uso de tecnologías sin acompañamiento o la presión social— se diseñan programas de prevención y tratamiento que no les incluyen. Y lo que no se nombra, no existe… aunque esté ocurriendo.

Sí, también consumen. Y también pueden sufrir por ello.

Negar la posibilidad de que una persona con discapacidad intelectual pueda tener una relación problemática con el alcohol, el tabaco, los psicofármacos, el cannabis o las pantallas es un error. Las investigaciones y la experiencia en el ámbito socioeducativo muestran que el consumo existe, y que muchas veces no está acompañado de información accesible, apoyos comprensibles o espacios seguros para hablar del tema.

Además, la sobreprotección o la infantilización impiden abordar estas situaciones desde la educación y la prevención, relegándolas al silencio hasta que el daño ya está hecho.

¿Qué necesitamos cambiar?

1. Reconocer sus derechos: todas las personas tienen derecho a recibir educación afectiva, sexual y para la salud, incluida la información sobre drogas, conductas de riesgo y autocuidado.
2. Accesibilidad cognitiva real: adaptar los contenidos no significa simplificarlos, sino hacerlos comprensibles y útiles. La prevención debe hablar en su idioma.
3. Formación a profesionales: quienes trabajan en salud, educación y servicios sociales deben estar preparados para detectar y abordar el consumo en personas con DI sin prejuicios ni negaciones.
4. Escucha activa: más que preguntar, hay que aprender a escuchar sus experiencias, deseos y preocupaciones, generando espacios de confianza.
5. Un enfoque desde las capacidades, no desde los límites: solo así podremos construir estrategias eficaces, dignas y realmente inclusivas.

En definitiva…

Si no dejamos de mirar a las personas con discapacidad intelectual desde lo que “no pueden” hacer, seguiremos negando su humanidad entera: sus deseos, sus derechos… y también sus riesgos. Visibilizar las adicciones en este colectivo no es alarmismo. Es justicia.