Acceso a la salud de personas migrantes

Un informe elaborado por la asociación Progestión intitulado “Análisis del acceso a la asistencia sanitaria en las mujeres migrantes. Una visión global y jurídica sobre el derecho de acceso a la atención sanitaria en España” (Serrano y Treviño, 2024) analizaba las barreras que experimentan las migrantes a la hora de hacer valer sus derechos de atención sociosanitaria. Desde las primeras páginas el informe pone en evidencia que esta problemática no incumbe únicamente a las mujeres cuya situación administrativa queda, por ley, fuera de la atención sanitaria pública. También son objeto de discriminación las mujeres cuyo acceso a la salud es reconocido pero que, sin embargo, no reciben esta atención.

Un hito fundamental en el binomio de “migración” y “acceso a la salud” lo encontramos en el año 2012, “año en el que tiene lugar la primera modificación legal que rompe el principio de universalidad y arrebata un derecho previamente reconocido a miles de personas con base en su situación administrativa y/o a su estatus migratorio” (Serrano y Treviño, 2024, p.5). Las personas migrantes son desatendidas bajo una supuesta “lucha contra el turismo sanitario” que deja en situación de desamparo a quienes son más vulnerables: las personas en “situación irregular” y con una tremenda fragilidad económica.

El miedo a ser deportadas es una de las barreras principales detectadas por los autores del informe. Esto también se produce en el caso de personas migrantes con enfermedades muy graves, lo que tiene consecuencias catastróficas. Esta situación se presenta de manera dispar a lo largo y ancho del territorio español, lo que se vincula con la fragmentación del sistema sanitario. Ante este panorama los autores reclaman “que se establezca un marco normativo y procedimental claro y coherente que garantice el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, promoviendo así la salud pública y la cohesión social en nuestro país.” (Serrano y Treviño, 2024, p.19).

Entre las principales conclusiones del informe, Serrano y Treviño apuntan que “cuanta menor seguridad administrativa cuenta la persona, mayores son las barreras para poder acceder al sistema de salud (2024, p.25). A ello se suma el entramado burocrático y de opacidad administrativa que aleja a las personas de un acompañamiento efectivo a la atención sanitaria, lo que se materializa muchas veces en la falta de información veraz de las normativas por parte de quien permite o deniega el acceso al médico. Finalmente, la barrera idiomática, pese a estar supuestamente superada por la garantía de mediadoras/es y traductoras/es en los centros de atención sanitaria, sigue vigente y es un problema mayor en la atención sanitaria a personas migrantes.

Bibliografía y documentos de interés

• Acceso el informe completo